El patético decreto 1482, que dispuso el veto de la Ley que estableció que el haber mínimo jubilatorio no podía ser inferior al 82% del Salario Mínimo, constituye una pieza jurídica que ya tiene merecidamente ganado un lugar destacado en la antología del disparate. Vale la pena detenerse en el análisis de sus considerandos, los que, más allá de contener groseros errores, constituyen un panfleto reñido con los más elementales criterios de la técnica legislativa, más propio de un discurso de barricada. Entre otras extravagancias, alude al remanido ajuste del 13% de los haberes previsionales dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa en Julio de 2001, que el gobierno agita hasta el hartazgo para estigmatizar a la oposición. Vale señalar, al respecto, que es tan preocupante la agraviante mendacidad oficial, como alarmante resulta la precariedad argumental que exhiben quienes convalidan con su silencio la aviesa descalificación, sin siquiera ensayar una réplica que intente mitigar el negativo impacto político que conlleva.
A poco que uno se tome el trabajo de analizar información de la época, podrá fácilmente advertir que el citado recorte alcanzó a 533.000 jubilados -16% del padrón de la ANSES- que percibían haberes superiores a $ 574.-, tropelía que queda empequeñecida frente al latrocinio perpetrado mediante el congelamiento impuesto entre 2003 y 2006 a los haberes superiores a la prestación mínima ($ 200.- a mayo 2003), que afectó a 1.178.000 jubilados, quienes sufrieron una disminución promedio de su ingreso real del 42%.
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