El debate abierto en torno del ejercicio de los derechos políticos derivados de las tenencias accionarias en manos de la ANSES, resulta paradigmático para entender la pasmosa facilidad con que el régimen logra instalar sofismas, con la inestimable ayuda de la pobreza argumental de la abrumadora mayoría de sus supuestos contradictores.
En rigor, poco se ha escuchado o leído acerca del fundamento más contundente contra cualquier pretendida justificación de este nuevo atropello:
Los activos hoy en poder del Estado a raíz de la vergonzosa confiscación dispuesta por la Ley 26.425, desconociendo la expresa voluntad de sus legítimos propietarios, constituyeron, en su momento, inversiones de las administradoras de esos recursos con el exclusivo propósito de constituír un Fondo Patrimonial, cuya valorización permitiera hacer frente a futuras prestaciones previsionales. En tal virtud, los límites al ejercicio de los derechos políticos establecidos para esas tenencias por la Ley 24.241, respondían al expreso y razonable criterio -de aplicación común para los Fondos de Pensión- de resguardar la gestión ante intenciones que pudieran desnaturalizar sus objetivos empresarios, impropias, por otra parte, de la función de un inversor institucional. Si la ponderada evaluación del legislador, oportunamente consideró necesaria la restricción, no obstante las naturales limitaciones cuantitativas derivadas de la atomización de las tenencias entre un conjunto de inversores independientes, no hay duda que la misma resulta imprescindible frente a la peligrosa concentración en manos del Estado engendrada por la reforma, que avanza sobre el principio de organización económica consagrado en la Constitución Nacional.
Resulta absolutamente falaz, en consecuencia, reducir la discusión a la cuestión abstracta de si una tenencia accionaria genera derechos políticos.
En cuanto a los dividendos, el tema de fondo que el debate superficial maliciosamente omite, debiera apuntar a reconocer que el propósito de un Fondo de Pensión -o de "sustentabilidad", como pomposamente se lo ha denominado- está por naturaleza orientado a maximizar la valorización patrimonial del activo a largo plazo, antes que al cobro de rentas. Resulta inocultable que el criterio rentístico que se defiende desde el poder, encubre otro manotazo destinado a alimentar la insaciable demanda de recursos que impone la bacanal de gasto público.
